"Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo", expresó durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, en relación al acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones, impulsadas por una resolución de la Anses y por la cual los jubilados y pensionados iban a percibir aumentos menores a los que fija la ley.

En primer lugar, Macri, imputado días atrás por la fiscal federal Juan Pedro Zoni por el acuerdo entre el Estado y el Correo, aseguró que alrededor del tema se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días, muchas que no son verdad y con mala intención" en "un año electoral".

"Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte", reconoció el mandatario, y luego habló de "otros estándares de transparencia" fijados por su administración, al recordar que decidió crear el año pasado, al inicio de su gestión, un fideicomiso ciego para que administrara su patrimonio y "nadie tenga dudas".

"No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre (Franco Macri)", admitió.

Macri padre accedió a esa concesión a través del la empresa Correo Argentino S.A., que es la que presentó quiebra en 2001 e integraba hasta ese momento el Grupo Socma (acrónimo de Sociedades Macri), que ahora tiene en su línea de conducción a los hermanos, sobrinos y tres hijos del Presidente.

Macri señaló que sus ministros "asumieron desde el primer día" trabajar con "honestidad" que significa "que la ley es igual para todos y que no hay privilegiados" y que Oscar Aguad, titular de Comunicaciones, actuó "conforme a la ley" y "técnicamente lo ha hecho bien, como lo han dicho otros expertos" consultados por el Gobierno. 

"Pero no alcanzó, porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo", reflexionó, y aseveró que ya le ha ordenado a Aguad que el acuerdo entre las partes "vuelva a foja cero" y "volvamos a la Cámara Comercial para decirles que empecemos de cero".

En ese sentido, ponderó, que aún "no hay ningún hecho consolidado, porque no se condonó, ni se pagó, ni se cobró" y precisó que ahora el Gobierno pretende "un acuerdo integral de todo este problema que heredamos de 14 años sin solución".

"Que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo, porque no resolverlo perjudica al Estado, y mi tarea es cuidar el Estado", señaló.

Tras confirmar que se dará marcha atrás con el acuerdo, dijo que ahora la "solución" está en lo que proponga la Justicia, "intentando lo más lejos posible de cualquier decisión que involucre a temas que tienen que ver con el pasado empresario de mi padre".

Confirmó que el Congreso de la Nación aceptó auditar la propuesta que derive la Justicia y que además le pedirá a la Auditoría General de la Nación (AGN) que sea auditor de la misma, y le de su "visto bueno y conforme" para que "nosotros la podamos implementar".

Además anunció que le ha pedido a "un equipo de gente, incluyendo a la Oficina Anticorrupción" que, a partir de este caso, eleve los estándares de transparencia y elabore nuevos mecanismos y sistemas para evitar "en el futuro conflictos similares a este" para que "quede claro cómo se van a resolver".

El martes, Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni por el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, al igual que el ministro Aguad y Juan Carlos Mocoroa, secretario de Asuntos Jurídicos de esa cartera. 

Antes, Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, había rechazado el acuerdo entre las partes y lo calificó de "abusivo" al favorecer a la ex concesionaria con una quita de 70 mil millones de pesos a 2033.

El acuerdo original establecía el pago de la empresa concursada al Estado de 296 millones de pesos, que el ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, aclaró que serán "600 millones (...) porque el Estado cobra en quince cuotas el 100% del capital con un interés del siete por ciento". 

"No hay ninguna quita. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron por el transcurso de casi 15 años", remarcó Aguad, quien agregó que como el concurso preventivo estaba "congelado", se perjudicaron también otros 600 acreedores.