Esa fue una de las principales resoluciones de la séptima reunión de la Mesa de Competitividad Foresto-Industrial que se realizó ayer en la Casa Rosada.

El proyecto de ley de promoción de inversiones en grandes proyectos foresto-industriales en el que están trabajando técnicos del sector privado y funcionarios del Ministerio de Producción prevé dar un marco de certidumbre para inversiones superiores a 100 millones de dólares en diferentes rubros de la industria maderera en general y a las dos primeras propuestas de fábricas de celulosa o papel, por US$1000 millones.

Según informó a LA NACION uno de los asistentes del encuentro, Macri les pidió a los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que trabajen junto con los legisladores de sus provincias para que el Congreso respalde el proyecto de ley. Además, el Presidente comprometió el apoyo de los legisladores de Cambiemos a la iniciativa.

El proyecto contempla también una reforma a la ley de Tierras que fija un límite a la propiedad de campos en manos de extranjeros. Según la norma de 2011, no puede haber más de 15% de las tierras en manos de empresas o particulares extranjeros. Y se fijó un límite de 1000 hectáreas de la zona núcleo como superficie máxima con sus correspondientes equivalencias en el resto del país.

De prosperar la iniciativa para atraer grandes inversiones en la industria forestal se daría un giro al prolongado conflicto con Uruguay por la instalación en Fray Bentos de las plantas de celulosa de UPM (exBotnia).

Durante la reunión de la Mesa Foresto-Industrial, además, se informó que mediante el llamado Seguro Verde la actividad forestal recibió por parte de las compañías de seguro un aporte por $90 millones "que favoreció a más de 300 productores forestales y permitió financiar la plantación de 7,5 millones de árboles". Además, se espera un segundo aporte por $160 millones y "concluir el año con una cifra sin precedentes para el sector de $650 millones", según informó la Secretaría de Agroindustria.

En la reunión, los forestadores agradecieron al Gobierno por la prórroga de la ley 25.080 para inversiones en bosques cultivados prorrogada en diciembre por diez años. Esa norma y la instrumentación del "seguro verde" le otorgan previsibilidad al financiamiento de la producción.

"Necesitamos recuperar el atraso de 35 años en forestación respecto de Chile o Uruguay", dijo Claudia Peirano, gerenta de la Asociación Forestal Argentina (Afoa).