El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, instruyó al fiscal de Estado, Horacio Ortega, para que el área que está bajo su órbita, se constituya en querellante de la causa en la que se produjeron supuestas estafas y falsificación de documentos con inmuebles, y que tiene como procesados a dos funcionarios del Gobierno Provincial.

Las directrices del mandatario provincial, al cuerpo de abogados gubernamentales que encabezará Ortega, son claras: conocer en profundidad si están en riesgo los derechos y bienes del Estado correntino, y velar por los intereses de la provincia.

Durante la semana pasada el titular de la fiscalía de Estado, tomó contacto con el fiscal que entiende en la causa, Gustavo Robineau con el objeto de informar sobre esta decisión del gobierno provincial, en su afán de determinar sí se perjudicó a la Provincia.

“La semana entrante estaremos iniciado las presentaciones correspondientes para cumplir con la instrucción emanada por el gobernador Valdés. Vamos a revisar todo, para determinar si se ha atentado contra los intereses de la provincia, pero sobre todo ante los bienes de la misma”, señaló Ortega.

La impronta de la actual gestión que se desempeña en la cartera que dirige Ortega, va en ese sentido, marcado por lo que pretende el gobernador, en pos de que estén activos los procesos de recupero de terrenos fiscales que pertenecen a la provincia y que se hallan intrusados.

“Tenemos muy clara la tarea que debemos realizar. Vamos a defender los intereses y derechos de la Provincia ante los tribunales de justicia en los casos y en la forma que establecen la Constitución y las leyes, como parte legítima en todos los procesos donde se controviertan intereses o bienes del Estado Provincial. El gobernador no dio la libertad de acción para evitar que se defraude a nuestra provincia”, explicó Ortega.