Disertaron la Dra. María Mercedes Sosa, Jueza de Familia Nº2; la Dra.  Mónica Anís, titular del Seminario de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Codirectora del Observatorio de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNNE; y el Lic. Alejandro Goldfarb, Licenciado en Psicología, Coordinador del Servicio de Psicología Forense del Poder Judicial de Corrientes.

También expuso la Lic. Celia Arnal, Licenciada en Trabajo Social, Vice Consultora Social, Cuerpo de Servicio Social Forense del Poder Judicial de Corrientes;  y la Lic. Ana María Contreras, Licenciada en Trabajo Social, Cuerpo de Servicio Social Forense del Poder Judicial de Corrientes.

Algunos de los expositores pusieron énfasis en la importancia que haya profesionales como los Trabajadores Sociales, capacitados para el contacto con las víctimas y personas en situación de vulnerabilidad, así como profesionales de la profesionales de la justicia que se capaciten en el abordaje de la violencia de género, porque muchos de ellos se desempeñan en sus tareas hace años y tanto las leyes como las paradigmas van mutando.

Entre las preguntas e intervenciones del público, en su mayoría apuntaban a reclamos respecto a la dilación de los casos, falta de articulación entre juzgados,  y sobre todo, la preocupación por la revictimización a la que son expuestas las víctimas dentro de las instituciones. Los disertantes incluso admitieron que a veces no existen recursos y lamentó la carencia de refugios, ya que no hay instituciones preparadas para contener a las víctimas o que las acompañen en el proceso de cambiar su realidad.

Asimismo, la Dra.  Mónica Anís, evaluó el trabajo de la justicia y los riesgos de no actuar a tiempo, poniendo en peligro a vida de mujeres y niños, punto sobre el cual se volvió a resaltar la importancia de la formación de los profesionales con perspectiva de género. Abordó también la perspectiva  constitucional y los antecedentes de la corte interamericana de los Derechos Humanos como el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México.

La demanda acusó la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. En dicho caos, se responsabilizó al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.

Mencionando también otros casos, se indicó que el Estado tiene la obligación de crear herramientas para eliminar la violencia contra las mujeres, de garantizar la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación.

La jornada fue organizada por Profesionales Salesianos y la Asociación COMINJU (Compromiso e integración juvenil), con el apoyo de Integración Solidaria y la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), delegación Corrientes.  

Servicios de Prensa y Comunicación

Soy Taragui