En los últimos meses todo el territorio de la Provincia viene sufriendo la fuerte escasez de precipitaciones. Ahora se le sumaron intensas heladas; agotamiento de reservorios de agua; quema de pastizales, de bosques nativos, de bosques implantados y de producción agrícolas.

Por esta razón los diputados provinciales Cesar “Tatín” Acevedo, Miguel Arias, Alicia Meixner, Félix Pacayut, José Mórtola, Marcos Bassi, Marcos Otaño presentaron -este miércoles 26 de agosto- un proyecto de ley para declarar el “estado de Emergencia Agropecuaria y Ambiental a todo el territorio de la provincia de Corrientes por 180 días”, explica el Artículo 1° del proyecto de ley que ingresó a la Legislatura.

La producción agrícola y ganadera es la más afectada por el deterioro de las condiciones para el cultivo, pasturas, disponibilidad de agua para riego y abrevaderos para el ganado. “En cuanto a los cultivos en muchos casos en daño alcanza al 90% y hasta el 100%, siendo los más castigados los de sandía y zapallito”, explican los Diputados en la propuesta de Emergencia Agropecuaria y Ambiental.

Los legisladores provinciales del Frente de Todos solicitan que “el Estado Provincial tome medidas para bridar asistencia urgente a los productores rurales principalmente a la población rural en general, los pequeños y medianos que no cuentan recursos para hacer frente a la situación”.

Solicitan que el Ministerio de Producción de la Provincia, en colaboración con las autoridades municipales, realicen “los relevamientos necesarios a fin de determinar los grados de afectación de las diferentes zonas y departamentos”.

Los Diputados proponen “eximir, a los productores afectados, del impuesto inmobiliario rural por el término que dure la emergencia”. Que el Estado provincial disponga de “líneas de subsidios en forma directa para los productores rurales afectados”, extensivo a “instituciones y organizaciones que lleven adelante acciones de protección del ambiente en zonas que hayan sufrido daños”. Así como “ayuda técnica y material para la asistencia a los afectados en coordinación con los municipios y las instituciones nacionales competentes en materias agrícola y ambiental”.