Asimismo, los concejales de ECO (Clara Mass de Proyecto Corrientes, Hugo Calvano del Ari, Gabriel Romero de Libres del Sur, Gisela Gasparini y Gómez Liliana de Eli y, López Desimoni y Javier Sáez del Partido Popular) aseguraron que “para que los vecinos de la ciudad de Corrientes dejen de sufrir la mala frecuencia del transporte y la falta de una recolección de residuos integral, hace falta debatir y consensuar con todos los sectores”. Sin embargo, “hasta el momento los concejales oficialistas del FpV y la representante del Panu solamente quieren aprobar los pliegos de acuerdo a parámetros económicos y no sociales, de calidad, que garanticen servicios de colectivos y recolección eficientes”. Así, advirtieron que “está en juego la calidad o no de ambos servicios por más de 10 años; una condición que actualmente no se cumple por parte de las empresas de colectivos, por ejemplo, porque el poder Ejecutivo Municipal no ejerce su poder de policía”.

En definitiva, la fecha electoral del 5 de julio que “impuso” el FpV y fue votada por mayoría en dos oportunidades “está caída” legalmente, por los fallos de la Justicia. Ahora, los 19 concejales del Honorable Concejo Deliberante (HCD) deberán debatir sobre los requisitos que cada empresa, de transporte y de recolección de residuos, deberá cumplir en los próximos 10 ó 15 años para garantizar servicios que, hoy, están puestos en la mira por los vecinos de la ciudad.